martes, 6 de diciembre de 2016

Colorín colorado

...y el traidor con la justicia fueron felices


Regresa a España como Walter Correa Barboza; debe volver a Uruguay el 15 de enero

La Corte autorizó a Amodio a salir del país con nombre falso



La Suprema Corte de Justicia (SCJ) autorizó al ex tupamaro Héctor Amodio Pérez a salir del país con destino a España con pasaporte español en el que figura con nombre falso.
El abogado había hecho la solicitud para que Amodio pudiese pasar su cumpleaños y Navidad con su familia en España. La resolución fue adoptada el pasado 24 de noviembre (día de su cumpleaños) y fue comunicada el viernes a la Dirección Nacional de Migración.
La fecha de su salida del país aún no está decidida. Amodio Pérez, quien mantiene aun causas abiertas ante la justicia, fue procesado con prisión por reiterados delitos de privación de libertad especialmente agravados en régimen de reiteración real. El caso está a estudio de la Suprema Corte de Justicia (SCJ).
La fiscal Stella Llorente había apelado en setiembre pasado la decisión del Tribunal de Apelaciones de 4° Turno que revocó la decisión de la jueza penal Julia Staricco de procesar a Amodio Pérez. La autorización de salida del país, fundada por la Corte en “criterios corrientes” (ver nota aparte), generó sorpresa y malestar en medios políticos cercanos al MLN-T. El senador Ernesto Agazzi calificó de “grave” y “ridículo” el criterio adoptado por la Corte.
Afirmó que “esto no tiene que nada ver con el señor Amodio Pérez y sí tiene que ver con la Suprema Corte de Justicia que conciente esta salida de quien tiene una usurpación de identidad y permite salir a otra persona”.”¿O la Suprema Corte de Justicia no sabe quien es Amodio Pérez?”, agregó.
“En realidad, yo creo que la Corte hace una negociación política con la realidad y le permite salir con un nombre falso. Es bastante grave y ridículo esto para la historia jurídica del país. Si lo quiere dejar salir que lo dejan salir, pero tiene que autorizar a Amodio Pérez y no a Walter Barboza. Esto es una cosa rarísima.
Lo que me interesaría saber es si El País le va a pagar el hotel adonde él va a ir, medio éste que fue el que hizo toda la movida para traerlo y le saliò el tiro por la culata y les sigue saliendo el tiro por la culata”. El parlamentario del FA consideró que los criterios jurídicos tienen una cosa básica que es que tienen que tener una relación con la realidad, “si no el criterio juridico puede disparar cualquier absurdo como es éste el caso”. Para Agazzi, Amodio “ya murió porque, lo mató la realidad, al igual que a los que lo trajeron que después agarraron para otro lado, para el lado de Bonomi”.
Por su parte, el dirigente del MPP y exsenador de la República, Héctor Tajam señaló ayer que Amodio Pérez “puede tener algún problema cuando quiera ingresar a España con un documento que es falso”. Señaló que la Justicia investigó “bastante bien” el caso de esta persona que llevó a su procesamiento, “porque se dieron cuenta de cómo venía la mano”.
Por otra parte, Tajam consideró que la presunta “maniobra” que quiso hacer Amodio Pérez para perjudicar al MLN, “le salió mal”. Agregó que este extupamaro “no tuvo ningún eco en Uruguay, porque ni la derecha se subió a esta maniobra ya que se dieron cuenta que venía con poco asidero. No encontró el anclaje político ni ideológico que se le quiso dar”. Dijo que lo hecho por “esta persona no sirvió para sumarse a la campaña que hace la derecha en sus diferentes tópicos”.
Amodio Pérez fue uno de los dirigentes de la cúpula del MLN-T y fue acusado por el propio movimiento de ser un traidor que colaboró con las Fuerzas Armadas en los años previos al golpe de Estado de 1973. Posee pasaporte español con el nombre falso de Walter Correa Barboza, proporcionado por el general Esteban Christi, entonces jefe de la Región Militar Nº1. Con ese nombre, pudo huir del Uruguay junto a su compañera, Alicia Rey Morales, en octubre de 1973.
Y fue la identidad que utilizó en España durante cuatro décadas y con la que se presentó ante las autoridades uruguayas, en agosto de 2015, al retornar al país para presentar el libro “Palabra de Amodio: la otra historia de los tupamaros”. Ante la oficina migratoria del aeropuerto de Carrasco, Amodio Pérez se presentó como Walter Salvador Correa Barboza, de nacionalidad española. En el documento, figuraba como nacido el 24 de enero de 1937 en “Valparaíso (Uruguay)”.
El nombre falso, en realidad, correspondía al de un ciudadano uruguayo –que aún vive, según comprobó tiempo atrás LA REPÚBLICA- y a quien la dictadura militar usurpó su identidad.
“Corte utilizó mismo criterio de autorización”
La Suprema Corte de Justicia no modificó su criterio y adoptó el mismo “tipo tradicional” de autorización para salir del país que se aplica ante requerimiento similares, más allá de la notoriedad de la persona en cuestión. Fuentes de la Suprema Corte de Justicia, señalaron a LA REPÚBLICA que la decisión se fundó en el derecho que asiste a cualquier encausado a viajar fuera del país por un tiempo determinado (hasta el 15 de enero).
“La Corte no varió de criterio; estos pedidos,- agregó la fuente- “se dan incluso en situaciones donde existe condena, porque quien tiene condena y todavía no cumplió en libertad la totalidad de la condena, también muchas veces, solicita por ejemplo para pasar las fiestas con la familia y pide autorización para salir del país”.



O sea que es en el mismo tenor que se suele dar este tipo de salidas por un tiempo determinado. Sobre el nombre falso, la Suprema Corte de Justicia entiende que Amodio Pérez “ingresó al país con ese pasaporte y aparentemente es un pasaporte válido otorgado por el reino de España”. Por tanto, “quien emite y quien es responsable de esa documentación es otro país soberano, y sobre eso, como República Oriental del Uruguay, tenemos responsabilidad solo sobre la documentación que emitimos nosotros”.
“Todo lo que pueda objetarse respecto de su identidad es un tema en principio del reino de España”. “Si bien tenemos esta situación de doble identidad, la República Oriental del Uruguay tiene muy claro quien es Amodio Pérez. El problema de la segunda identidad es un tema del reino de España. Cualquier eventualidad, que pueda surgir respecto a la identidad que figura en el pasaporte lo resolverán las autoridades pertinentes del país emisor”, indicó el informante.
“El lo que solicitó, porque todavía no están concluidas las causas, fue una salida temporal como lo puede hacer cualquier encausado que esté gozando de libertad anticipada o libertad condicional y se otorga o no por la autoridad judicial. En general se otorga, depende de las circunstancias concretas”, agregó la fuente. La Corte utilizó en este caso “los mismos criterios que utiliza desde siempre para el otorgamiento de este tipo de salidas”.
Para este tipo de situaciones, en general, “cuando la investigación está concluida, cuando hay auto de procesamiento o no, cuando hay sentencia o no, es el otorgamiento lo que puede variar, es la caución ya que en algunos casos se pide caución juratoria, caución personal o el depósito de una suma de dinero.
En este caso, se solicitó una suma de dinero que es la misma desde hace años y que ronda los 50 UR”. Quiere decir, que para este caso, “no se cambiaron los criterios” y lo pedido por Amodio Pérez “está dentro de los cánones normales”.





Hay rollo para rato




Samuel Blixen

La Comisión Investigadora que desde la tarde del jueves 24 comenzó a indagar sobre las prácticas de espionaje de la inteligencia militar tendrá la difícil tarea de demostrar la existencia oficial de documentos que los mandos militares aseguran que no existen. Brecha aporta algunas pistas para ubicar rápidamente esos documentos, primer paso para desmontar la autonomía de la inteligencia militar.


Cuarenta y ocho horas antes de que el plenario de la Cámara de Diputados aprobara la instalación de una comisión investigadora parlamentaria sobre actividades de espionaje militar en democracia (véase recuadro), los mandos del Ejército hicieron la primera movida en el tablero, reveladora de la actitud que asumirán en los próximos 180 días en que se desplegará la indagatoria parlamentaria. Consecuentes con una línea histórica, los mandos han optado por negar la evidencia y encubrir el espionaje.

El mensaje fue trasmitido por el ministro de Defensa Nacional, Jorge Menéndez, en ocasión de la convocatoria del Senado a Comisión General para abordar la situación general de las Fuerzas Armadas. En la ocasión, el ministro aclaró que no bien habían surgido las primeras denuncias periodísticas había consultado a los mandos sobre prácticas de espionaje a organizaciones políticas y sociales por parte de la inteligencia militar. Los mandos le informaron que desde la reinstalación de la democracia en 1985 tales prácticas fueron eliminadas. En la sesión del Senado del martes 22, el ministro detalló la respuesta de sus subordinados agregando nuevos elementos. Dijo que el Estado Mayor de la Defensa y la Dirección de Inteligencia Estratégica le aseguraron que no hubo espionaje en años de democracia a partidos políticos, jueces, periodistas ni otras autoridades.

El desmentido sobre la existencia de espionaje de inteligencia en democracia (espionaje que surgió de los informes de dos peritos a una jueza penal al relevarse el contenido de la documentación incautada en el domicilio del fallecido coronel Elmar Castiglioni) ya había sido adelantado por el ministro a los integrantes de la bancada del Frente Amplio que impulsaban la creación de la comisión investigadora.
Pero en el Senado el ministro Menéndez agregó otro elemento: “Las autoridades han respondido que institucionalmente no se han realizado actividades de esas características y que no existen en las fuerzas archivos al respecto”. El ministro se encargó de enfatizar que la afirmación sobre la no existencia de documentos era parte de la respuesta que había recibido; y además subrayó el carácter sugerente del adverbio “institucionalmente”, que abre una puerta lateral para considerar que la documentación incautada en el domicilio de Castiglioni era producto de una actividad “privada”.

La respuesta de los mandos al ministro juega con una ambigüedad que puede convertirse en un tiro por la culata. El ministro aparentemente debe atenerse a lo informado por sus subordinados, pero eventualmente podrá enfrentarse a una situación delicada, muy parecida a la mentira que unos generales hicieron llegar al presidente Tabaré Vázquez sobre la ubicación de restos de desaparecidos. Menéndez ya tiene sus dolores de cabeza con los “libretazos” del comandante de la Armada, el último de los cuales se refiere a la intimación y amenaza contra La Diaria por el contenido de un artículo de humor. La iniciativa del comandante Leonardo Alonso de enviar una carta al matutino amenazando con denuncias judiciales no fue avalada por el ministro ni por el presidente Tabaré Vázquez, quien en su primera presidencia contó con Alonso como edecán militar.

Ahora, la respuesta del jefe del Estado Mayor de la Defensa, general Eduardo Pintos, y del director de la Inteligencia Estratégica Militar, coronel Juan José Pomoli, puede ser mucho más temeraria, entre otras cosas porque la comisión investigadora puede llegar a la conclusión, a poco que camine, de que sí hay, “institucionalmente”, documentación oficial sobre espionaje militar a políticos, sindicalistas, activistas de derechos humanos, legisladores y magistrados.

La pretensión de que el material en poder de Castiglioni fue elaborado por una estructura “privada” de inteligencia no resiste el mínimo análisis y caerá por su propio peso cuando los historiadores Isabel Wschebor y Álvaro Rico testimonien ante la comisión investigadora que entre los documentos relevados a pedido de una jueza penal había muchos con visos de ser copias de originales de inteligencia militar.
Confirmar la procedencia de esa documentación incautada implicará acceder a los archivos de la inteligencia militar para verificar la existencia de documentos sobre espionaje que el general Pintos y el coronel Pomoli dicen que no existen.
A los efectos de ayudar a la búsqueda, Brecha puede proporcionar algunas pistas. En 2006, la entonces ministra de Defensa, Azucena, Berrutti, procedió “institucionalmente” a ordenar el lacrado de un armario metálico, en dependencias de una unidad de inteligencia militar en la calle Eduardo Víctor Haedo, que contenía rollos microfilmados. Esos rollos fueron “institucionalmente” digitalizados; la digitalización, en dos discos duros y en 51 Dvd, fue “institucionalmente” entregada al ministro de Defensa Nacional dos años después de la incautación, y dos juegos de copias fueron “institucionalmente” entregadas a la Presidencia de la República y al Archivo General de la Nación.
En ese archivo –que bien podría calificarse como “archivo Berrutti”, en honor a su descubridora– hay una inconmensurable información sobre un amplio abanico de actividades militares, que abarca un extenso lapso desde los años previos al golpe de Estado hasta el año 2005. En esos rollos hay fichas de detenidos, actas de interrogatorios, ficheros de partidos políticos, fichas correspondientes al fichero general del Servicio de Información de Defensa (Sid), ficheros del Organismo Coordinador de Operaciones Antisubversivas (Ocoa), constancias de habilitación para cargos públicos, índice alfabético de delegados de mesa y candidatos de partidos políticos, fichas sobre personal del Ejército, de la Fuerza Aérea, de la Armada y de Sanidad Militar, listado de actas de reclusas, carpetas de detenidos, trámites relacionados con pasaportes, documentos de la Dirección Nacional de Información e Inteligencia (Dnii), fichas de abogados defensores de sediciosos, ficheros de jefaturas de policía del Interior, documentos del Departamento II (exterior) de la Dirección General de Información de Defensa (Dgid), documentación del Esmaco, documentación relacionada con el Conae, Primaria, Secundaria y Utu, fichas de procesados por la justicia militar, fichero general de la Dgid, documentación relacionada con el narcotráfico y, finalmente, documentación no detallada, año a año, hasta fines de 1999.
Pero en lo que refiere al interés específico de la comisión investigadora, y particularmente a la afirmación de los mandos sobre la inexistencia de documentos, merece detallarse la lista de los rollos incautados por la doctora Berrutti que refieren, específicamente, a “informes y documentos proporcionados por informantes del Departamento III de la Dgid”. En los rollos numerados del 148 al 155 hay material de espionaje correspondiente al año 1987; los rollos 780, 854, 858, 902 y 918 refieren a informes de espías e infiltrados del año 1989; los rollos 994, 1020 y 1060 corresponden a 1991; el rollo 1077 es de 1992; los rollos 1214, 1216, 1278, 1295, 1298, 1302, 1305, 1307, 1311 y 1317 contienen informes del año 1993; los rollos 1323 y 1326, del año 1994; el rollo 1423 corresponde al año 1995; el rollo 1540, al año 1996; el rollo 1649, al año 1997; los rollos 1712 y 1713 corresponden al año 1998; y finalmente tres rollos (números 1856,1857 y 1858) corresponden al año 2005.
Todas esas microfilmaciones confirman el papel jugado por la estructura oficial de inteligencia militar en el espionaje. Pueden ser fácilmente consultados en el Archivo General de la Nación, en primer lugar por el propio director de Inteligencia Estratégica, para despejar la ambigüedad sobre la afirmación de no existencia de documentos. Por si ocurre alguna dificultad para ubicar esos informes de espías e infiltrados, los mandos pueden consultar –y eventualmente interrogar– a algunos oficiales cuyos nombres aparecen en informes de los espías. Por ejemplo: el documento número 1861, en el rollo 902, que informa sobre una oferta de venta de armas a Irán, contiene una anotación a mano, del oficial de inteligencia, que recomienda “preguntarle al capitán Francia”, del arma de Ingenieros. El coronel Ruggiero es citado en el documento número 295 del rollo 858, respecto de acciones de espionaje a diversos periodistas; y el teniente coronel Bonavoglia aparece como referencia a propósito de un informe sobre reuniones en la parroquia San Antonio. Y también, a efectos de confirmar el carácter institucional de ese espionaje, pueden consultarse los archivos de los otros departamentos de la Dirección General de Información del Estado –el Departamento I, el Departamento II y el Departamento de Contrainteligencia– que habitualmente recibían copias del Departamento II (Operaciones) de los informes de los infiltrados, como aquel –consignado en el documento 1788 del rollo 902– que daba indicaciones para espiar a los periodistas Ariel Hernández, Pedro Cribari y Omar Prego.
La reacción inicial de los mandos negando lo evidente obedece a una práctica reiterada que obliga a regresar una y otra vez al punto de partida, para impedir cualquier erosión de la autonomía que las Fuerzas Armadas edificaron a lo largo del tiempo. La táctica se aplica a cualquier esfera, sean los privilegios o la impunidad. Con ello, y una buena dosis de cinismo, retrasan el momento de dar cuenta de lo que hicieron y de lo que hacen.
A juzgar por la experiencia, es una táctica que da resultados. En este caso habrá que demostrar primero que hubo espionaje, para recién después establecer cuáles eran los móviles y los objetivos, qué se perseguía cuando se espiaba.
La Comisión Investigadora tiene una dura tarea por delante.





Amado denunció amenazas
“No gasten pólvora en chimangos”
Por Lourdes Rodríguez


La reafirmación ante el conjunto de sus colegas de que nada ni nadie doblegará su voluntad política, formulada por el diputado colorado Fernando Amado, tenía una justificación evidente: una ciudadana de apellido Castiglioni, presumiblemente familiar del coronel Elmar Castiglioni, en cuyo domicilio se incautaron documentos de inteligencia militar, lo amenazó con revelar secretos en el caso de que apoyara la formación de una comisión investigadora parlamentaria sobre espionaje militar.
Amado recibió insultos (“rata inmunda”, “gusano arrastrado”) y amenazas contra él y su familia el mismo día en que pronunció públicamente en El País sus apreciaciones sobre los alcances del archivo (“se trata de una insubordinación de los militares al poder civil”). Afirmó que no es la primera vez que recibe este tipo de mensajes intimidatorios (citó sin dar detalles los que recibe de “la hija de un connotado torturador”), pero que los de esta ocasión buscaban extorsionarlo para que no respaldara la conformación de la investigadora.
Además del apellido de la mujer que lo coaccionó, el legislador identificó que se trata de una persona que “se dice colorada”, pero que su cercanía a “alguna gente” del Partido Colorado le resulta muy evidente: “En el partido que yo me proyecto, esta clase de gente no tiene espacio ni tolerancia alguna. Me voy a encargar de erradicar a los inescrupulosos fascistas con el único fin de defender la democracia”.
Se puso a disposición de este ámbito (aprobado por unanimidad) y argumentó: “Este es el modus operandi clásico de este tipo de personas antidemocráticas que lo que buscan es tener información para después intentar chantajear y lograr determinadas cosas. Entender esto es entender la importancia de este tema”. Entre las razones de su revelación, Amado mencionó su intención de enviar “un mensaje muy contundente a todos los clubes de fachos, de enemigos de la democracia, de conspiradores, de torturadores, de espías y de un largo etcétera”. En esa dirección afirmó: “No gasten pólvora en chimangos, este legislador no tiene nada que ocultar y mucho menos va a ceder un milímetro ante sus cobardes amenazas. Se equivocan feo”.
Luego de su intervención recibió algunos gestos solidarios de integrantes de su bancada, pero también de varios de sus pares oficialistas, quienes se acercaron hasta su banca para demostrar el apoyo (Óscar Groba, del Espacio 609, Luis Puig, del Pvp, Jorge Pozzi, de Nuevo Espacio, Gerardo Núñez del Pcu).










Tierra para quien la habita

El pasado viernes 2 de diciembre, vecinxs de la Costa de oro (Canelones, Uruguay) salieron nuevamente a la ruta para protestar contra los intentos de desalojos a quienes ocupan tierras como forma de solucionar su necesidad de espacios para desarrollar sus vidas.




La Digna Delincuencia de reapropiarnos de nuestras vidas...

Una vez mas estamos en la calle, una vez mas nos juntamos para frenar los desalojos, para mostrar que la fuerza de la solidaridad puede pararse ante cualquier atropello, que lo dicho y repetido es un verso escrito con hechos: Tocan a unx, tocan a todxs!

A quien pertenece la Tierra? De quien es la propiedad del canto de los pájaros, el flujo de los ríos o el soplo del viento? Como adueñarse de la simpleza de la vida? Son cosas pequeñas lo que se necesita para vivir con dignidad: amor, agua, alimento, aire,un techo. Como llamar a lo que es esencial, propiedad privada?

La Tierra es un entramado de vida, una red de relaciones y situaciones entre distintos seres en que habitar-la es apenas participar en este grande organismo. Quien se cree su dueño esta tratando de robar lo que no pertenece a nadie y a la vez debería ser usufructo de todas. Hoy estos señores adinerados usan los trajes de los políticos y empresarios , ayer del colonizador que bañó este territorio con la sangre de los pueblos que hace milenios lo ocupaban.

La memoria nutre…


La Coordinadora de Vecinos Contra Los Desalojos es un punto de encuentro entre personas distintas que solucionaron con sus propias manos, por medio de la ocupación, el problema de la vivienda y que juntaron sus energías para defenderse, para no dejarse sacar lo que conquistaron con lucha y sudor. Surgida en la segunda mitad del año de 2014, como respuesta a una oleada de denuncias por usurpación, organizándose horizontalmente, sin nadie arriba y nadie abajo, tomando las decisiones por todxs sus participantes por medio del consenso; y autonomamente, sin mendigar nada y sin cualquier bandera aparte de la lucha mismo. Es parte de la continuidad de otras iniciativas autoorganizadas, como fue la victoriosa lucha para frenar los desalojos en el Remanso de Neptunia, en 2010 y 2011.

Construir por medio del apoyo mutuo la fuerza necesaria para solucionar los problemas, llevando los a la calle y proponiendo en los barrios que cada persona confíe en su capacidad de ser la autora de su propia vida, participando en una lucha sin representar a nadie y sin que nadie los represente, ha sido y sigue siendo la forma que la coordinadora eligió.


A quien interesa la Ley?


La herramienta utilizada por los poderosos para llevar a cabo los desalojos ha sido la llamada Ley de Usurpación, modificada en el primero gobierno del Frente Amplio, llevando la ocupación de terrenos del ámbito del derecho civil al derecho penal, hace que una persona pueda ser condenada con hasta tres años de cárcel por haber buscado lo básico y necesario que es el techo. También desde que se han hecho estos cambios, la denuncia de desalojo no necesita mas haber sido hecha por el propietario del terreno en cuestión sino por cualquiera, aumentando las posibilidades de los que especulan con la tierra y que ambicionan con su propiedad.

Algunos personajes poderosos por tras de estas denuncias, son ya bastante conocidos como la Inmobiliaria Varela, la Comuna Canaria, o el actual alcalde de Salinas, Oscar Montero, con su disfraz de “hombre del pueblo”, que segun datos de la misma policía al momento que una vecina fue averiguar su denuncia , no dudó en ponerse la gorra y mandar al frente vecinas de la zona. Otros denunciantes tristemente, son personas que están en la misma situación de ocupantes que las denunciadas, que alimentadas por su ambición, abandonan cualquier valor de solidaridad llevando a quienes denuncian a situaciones que ellas mismas pueden padecer.

Cuando es visible que las leyes son hechas en primero lugar para asegurar la propiedad privada y que esta misma propiedad privada de unos pocos, busca sacar lo mas simples y esencial de muchas, donde esta el problema en romper con las leyes para así encontrarse con esta simpleza que es vital?


El contexto y la posibilidad de cambiarlo



Para nosotras es importante señalar que los desalojos no son hechos aislados, que estan inmersos en un contexto mas amplio que busca principalmente expulsar a las pobres de la zona, aumentando sus ganancias y probabilidades de especulación. Aparte de expulsar directamente las personas de sus casas, alimentan la presencia de la pasta base, vaciando de codigos la cabeza de muchas, haciendo que vecinas roben entre vecinas, generando asi la excusa perfecta para la estigmatización mediatica y para la militarización, ya que en 2 años es evidente como se ha hecho mas masiva y violenta la presencia policial.

Hoy frente a nuevas ordenes de desalojos y la reflotacion de algunos otros del 2014, aca estamos con la guardia alta, preparadas para una nueva pelea, que no es la primera y tampoco sera la ultima y que solo asegura la convicción de que el unico camino al cambio es la lucha. El amor a la Tierra es lo que nos hace defenderla con uñas y dientes, el sentimiento de que ella no nos pertenece, nosotras pertenecemos a ella. Como dicen los muros, como esta tallado en nuestros corazones, una vez mas hacemos volar estas palabras:

TIERRA PARA QUIEN LA HABITA, LA AMA Y LA CUIDA!

NO MAS DESALOJOS!!!





Coordinadora de Vecinas contra los Desalojos, 2 de diciembre de 2016










Desmantelan Centro de Formación Popular Bella Unión




>>> 8 años de formación



UNIVERSIDAD: DESMANTELAN CENTRO DE FORMACIÓN POPULAR BELLA UNIÓN
ALGUNAS VALORACIONES POLITICO INSTITUCIONALES


Bella Unión, diciembre de 2016

Las autoridades universitarias reafirman una orientación política de desarme. Se confirma con la decisión del Consejo del Centro Universitario Regional Litoral Norte (CENUR LN-UdelaR) del 19 de setiembre acerca del cierre de los programas que estaban a cargo del Servicio Central de Extensión y Actividades en el Medio (SCEAM) en la ciudad de Bella Unión1, y la no renovación del contrato de arrendamiento de la casa para las actividades de docentes, trabajadores y estudiantes.
Se trató de una resolución contradictoria, incoherente, apresurada y secreta, sin fundamentación expresa.
Contradictoria en la medida que el Consejo, al mismo tiempo que “resuelve el cierre de los programas que estaban a cargo del SCEAM en la ciudad”, plantea “mantener a la ciudad de Bella Unión en los programas de actividades de Extensión Universitaria a desarrollar por parte del CENUR LN”.
Llamativamente apresurada porque no esperó recibir la propuesta de la Comisión Ad-Hoc conformada por el mismo Consejo el 21 de julio, “para el estudio de la situación y trazado de lineamientos de las Unidades de Extensión”2.
No parece una resolución coherente habiendo contratado a 5 docentes (con 110 horas semanales en total) del 1o de agosto al 31 de diciembre en consideración de la “la existencia de programas en curso y la necesidad de no cortar abruptamente con los procesos iniciados”3.
Fue una resolución secreta y sin fundamentación expresa, pues el consejo sesionó bajo régimen de comisión general. El consejo no argumentó los motivos para sesionar a puerta cerrada, cuando de lo que se trata es de la continuidad de un programa de extensión. No sigue el principio de razonabilidad que debe acompañar toda decisión del Estado.


Antecedentes. Un trayecto de logros y cuestionamientos

Se desmantela una experiencia de más de 10 años de trabajo conjunto de la universidad con organizaciones sociales de Bella Unión: sindicatos de trabajadores de la caña de azúcar, de viñedos y bodega, de la horticultura, de servicios, cooperativas de trabajo y producción, colonos y productores familiares.
No es para nada casual que esta experiencia enriquecedora, de la cual participaron centenares de estudiantes y decenas de docentes, haya recibido, en forma reiterada, duros cuestionamientos por parte de las patronales, directorio de ALUR y autoridades de ANCAP.
Valga solo como ejemplo, por su trascendencia pública, los duros cuestionamientos realizados durante el año 2013 por el entonces presidente de ANCAP, hoy vicepresidente de la República, cuando acusó, a través de la prensa, a los universitarios de extensión y del Centro de Formación Popular Bella Unión de “alentar el conflicto, la demanda y la exigencia” de los trabajadores. Dichas apreciaciones provocaron entonces una indignante respuesta de docentes, autoridades universitarias de aquel momento y trabajadores de Bella Unión.
Por el contrario, no hemos escuchado cuestionamiento alguno de ninguna autoridad universitaria acerca de que parte considerable del presupuesto universitario esté volcado desde siempre a alentar y reafirmar los vínculos de la Universidad con los empresarios para “generar innovación y desarrollo”. Por ejemplo, el “Centro de Extensionismo Industrial”, creado por la UdelaR junto con el Ministerio de Industria, Energía y Minería y la Cámara de Industria, desde 2014, ha atendido a más de 130 empresas 4 que requirieron asesoramiento de grupos académicos.


La magnitud del desarme

¿Qué significado tienen estas resoluciones y medidas de desmantelamiento definidas por el Consejo del CENUR LN en continuidad con la política de desarticulación de la extensión iniciada en el nuevo período rectoral?
1)Perjudican el trabajo de extensión de docentes y estudiantes en Bella Unión junto a organizaciones de trabajadores. Se dirigen contra el trabajo del Centro, uno de los pocos espacios integrado por trabajadores y universitarios.
2)Detienen el desarrollo de una experiencia que cumple con las funciones de la universidad: aporta a la formación de profesionales a partir de la relación estrecha con las problemáticas existentes, investiga temas de importancia social y aporta asistencia y formación a la sociedad que sustenta nuestra universidad.
3)Expresan una concepción de universidad y educación conservadoras, negadoras de las asimetrías y conflictos sociales que pretenden ocultarse en la engañosa definición de amplitud, neutralidad y rigurosidad académica. Y que, en los hechos, está conducida por los intereses conciliadores con el capital.
4)Se amparan en un discurso descentralizador, que traspasan recursos y decisiones de Montevideo al CENUR LN, sin que ello signifique una expansión de las actividades universitarias hacia territorios y sectores sociales vulnerables y más rezagados.
5)Bloquean la posibilidad de sostener, mejorar y profundizar la realización de una concepción de universidad crítica de cara a los intereses y el trabajo conjunto con sectores populares. De esta forma gana espacio la concepción de una universidad conservadora, elitista y acrítica con la reproducción de las desigualdades sociales.
6)Afianzan una concepción autoritaria y contraria a la participación plena y autónoma, reforzando el secretismo. Niegan el debate franco y directo con los actores involucrados, tanto universitarios como extra universitarios. Desconocen, desprecian y desoyen las instancias de construcción colectiva 5.
El desmantelamiento del Centro de Formación no se fundamenta en una evaluación seria de la experiencia de trabajo universitario acumulada. No permite sentar las bases para una propuesta programática de trabajo en la región. Las acciones de las autoridades universitarias fueron de falta de respeto y atropello hacia los docentes. La política aplicada es autoritaria y nada tiene que ver con una práctica de co-gobierno democrático:
- Desconocieron los acuerdos de trabajo que se construyeron en reuniones específicas.
- Tomaron decisiones de manera inconsulta y sin fundamentos político institucionales ni académicos.
- Redujeron la carga horaria del docente efectivo trasladado al CENUR y en los contratados por el CENUR con el presupuesto traspasado por el SCEAM. Solamente en 5 meses (agosto -diciembre 2016) se redujeron 36 horas semanales de trabajo docente, equivalente a $375.000 en el período.
- No otorgaron la compensación por radicación en el interior al docente efectivo trasladado del SCEAM al CENUR 6.
- Restringieron los pasajes a los docentes y no les autorizaron viáticos, obstaculizando que desarrollaran las tareas en Bella Unión para las que fueron contratados y cumplieran los compromisos asumidos.
- Retiraron el equipamiento del local que la UdelaR alquilaba en Bella Unión necesario para el desarrollo de las tareas (sin gestionar uso de otro local como oficina). Retiraron las computadoras con información confidencial sin dar tiempo a realizar respaldos. Retiraron el vehículo, fundamental en una tarea cuyas actividades principalmente se realizan en el medio rural-agroindustrial en un radio de 35 km.
Para seguir caminando
Los abajo firmantes, docentes del Centro de Formación, asumimos el compromiso de seguir alentando, en el lugar donde nos encontremos, las reflexiones y criterios ético-metodológicos en defensa de una Universidad abierta. Seguiremos rechazando el pensamiento único colaborando con la construcción de una universidad puesta al servicio de las necesidades de los sectores populares. La experiencia adquirida en Bella Unión, con todas sus contradicciones, nos refuerza este compromiso.
Continuamos reivindicando la necesidad de un proyecto de universidad crítica que requiere asumir el punto de vista de los sectores populares. Será necesaria la movilización y la demanda, para superar la coyuntura particular de la universidad, que no puede dar lo que ha optado por sepultar.
Serán los trabajadores y estudiantes, en sus luchas por la transformación, los que van a mover los cimientos más anquilosados y retrógrados del pensamiento universitario.
María Echeverriborda. Docente del Programa Centro de Formación Popular Bella Unión
Gonzalo Bandera. Docente del Programa Centro de Formación Popular Bella Unión
Álvaro Moraes. Docente del Programa Centro de Formación Popular Bella Unión
Damián Bentos. Docente del Programa Centro de Formación Popular Bella Unión
Daniel Bentos. Docente del Programa Centro de Formación Popular Bella Unión
Nancy Espasandín. Integrante honoraria del Programa Centro de Formación Popular Bella Unión
Magdalena Curbelo. Integrante honoraria del Programa Centro de Formación Popular Bella Unión



1Resolución Nº 25 del 29 de setiembre.
2 Resolución Nº 40 del 21 de julio.
3 Resolución Nº 11 del 3 de agosto.

4 Pagina institución de la Udelar, publicación del 20/11/2016.
5 Tales como: i) Presentación de evaluación y propuestas del equipo docente con tareas en Bella Unión al Consejo del CENUR (setiembre de 2016); ii) Reuniones mantenidas por la directora y consejeros del CENUR LN con docentes y organizaciones de Bella Unión (febrero y junio 2016); iii) III encuentro de extensión del CENUR LN organizado por las Unidades de Extensión de las sedes de Paysandú y Salto del CENUR LN (noviembre 2015); iv) Encuentro de estudiantes “Pablo Carlevaro” organizado por el CFPBU (noviembre 2015); v) Encuentro “Organizaciones sociales, trabajo alternativo y agroindustria” organizado por el núcleo interdisciplinario “Pensamiento crítico en América Latina y sujetos colectivos” con organizaciones sociales de la región del CENUR LN (noviembre 2013); vi) Variados encuentros de trabajadores y universitarios (campamentos de formación, jornadas, actividades temáticas entre 2010 y 2014).

6 El 19/07/2015 el Consejo Delegado Académico decide la reelección del docente efectivo que cumple tareas en el CFPBU, encomendando al Pro Rector de Extensión y Actividades con el Medio a instrumentar su traslado al CENUR LN. El 6/05/2016 el Pro Rector dirige una nota a la Directora del CENUR LN en la cual solicita el traslado del docente desde el SCEAM al CENUR LN. En la misma “se solicita el pago de la partida por gastos para la instalación inicial y la compensación por residencia habitual en el interior prevista en la Ordenanza del Régimen de Estímulo para la Radicación de Docentes en el Interior” y comunica que “su cargo efectivo será financiado con fondos que este servicio traspasará al CENUR Litoral Norte”.






La Udelar cierra el Centro de Formación Popular de Bella Unión

Una resolución del Centro Universitario Regional (Cenur) Litoral Norte de la Universidad de la República (Udelar), del 29 de setiembre, resolvió el cierre de los programas que estaban a cargo del Servicio Central de Extensión y Actividades en el Medio (SCEAM) en la ciudad de Bella Unión. El documento incluye también la no renovación del contrato de alquiler de la casa universitaria en la ciudad, a donde llegaban docentes y estudiantes que viajaban a participar en los trabajos. La medida implica, sobre todo, el cierre del Centro de Formación Popular (CFP), fundado en 2008.
A pesar de que la resolución dice “mantener a la ciudad de Bella Unión en los programas de actividades de Extensión Universitaria a desarrollar por parte del Cenur Regional Norte”, trabajadores, docentes y estudiantes leen la medida como un desmantelamiento de la extensión en Bella Unión. Los docentes del centro emitieron una declaración en la que dicen que se trató de una resolución “contradictoria, incoherente, apresurada y secreta”, que a su vez “no tiene fundamentación expresa”. Una de las contradicciones salta a la vista. El Consejo resuelve cerrar los programas, al tiempo que plantea mantener a Bella Unión en los programas de extensión. Es apresurada, dicen los docentes, porque “no esperó a recibir la propuesta de la comisión Ad-Hoc conformada por el mismo Consejo el 21 de Julio para el estudio de la situación y trazado de lineamientos de las Unidades de Extensión”. La resolución es secreta, dicen, porque el Consejo sesionó bajo régimen de comisión general y “no argumentó los motivos para sesionar a puertas cerradas”.
El origen del CFP se encuentra en una ocupación de 36 hectáreas por parte de la Unión de Trabajadores Azucareros de Artigas, el Sindicato de Obreros de la Caña de Azúcar y la Asociación de Pequeños Agricultores y Asalariados Rurales de Bella Unión. Tras un acuerdo para generar un espacio de formación en el lugar, en el marco de un proyecto productivo, el Instituto Nacional de Colonización adjudicó en arrendamiento a Alcoholes del Uruguay (Alur) esas fracciones y se le encargó el proyecto productivo; en el mismo acuerdo se afirma el rol de la Udelar en el proceso formativo.
María Echeverriborda, docente del programa, sostiene que el cierre tiene que ver “con valoraciones políticas” y no “con un recorte económico”. Habla sobre la escuela a veces en pasado y otras en presente, como si todavía no creyese que el cierre es definitivo. Dice que a pesar de la situación difícil que atraviesa Bella Unión hay más o menos 100 trabajadores que consiguieron tener acceso a la tierra, y eso “implica desarrollar una cantidad de experiencias, de habilidades y de conocimientos nuevos para los trabajadores”, porque “la experiencia en sí misma no genera aprendizaje”. Agrega que han presentado “una cantidad de documentos, informes e incluso propuestas de cómo continuar el trabajo” y no han recibido devolución. El comunicado afirma que esta medida es la continuidad de la “política de desarticulación de la extensión, iniciada en el nuevo período rectoral” y que expresa “una concepción de Universidad y educación conservadoras, negadoras de las asimetrías y conflictos sociales, que pretende ocultarse en la engañosa definición de amplitud, neutralidad y rigurosidad académica” que, “en los hechos, está conducida por los intereses conciliadores con el capital”.
Nicolás Colacho Esteves, un referente histórico de la lucha por la tierra en Bella Unión e integrante del CFP, dijo a la diaria que el cierre ha significado “un golpe serio para el futuro” y “una pérdida importante para el conjunto de los trabajadores de Bella Unión”. Cuenta que la metodología “no era la de una cátedra universitaria que venía, se instalaba y daba clases a los trabajadores”, sino que era un “intercambio real entre trabajadores, estudiantes y docentes”. Para Colacho, la decisión “está en sintonía con el conjunto de la política económica y social del Estado en estos tiempos”, en que “la Udelar se está pensando para darles apoyo y asesoramiento a las empresas exitosas según el criterio de la rentabilidad, antes de darles capacidad a los trabajadores para entender el mundo en el que viven y plantearse luchas para transformarlo”. Agrega que se sentirá la falta del centro: “En el diseño de las colonias, en las ocupaciones, los compañeros universitarios ayudaron mucho a definir criterios, tipos de organización, a fomentar el cooperativismo, y nos aportaron una cantidad de elementos a los que desde el punto de vista teórico los trabajadores no tenemos acceso, porque para los trabajadores rurales el despojo no ha sido solamente económico, sino también cultural”. Colacho cree que actualmente Bella Unión está en una situación “bien difícil”, con una “escasez enorme de trabajo” y “sin alternativas a la vista”, por lo que el centro se necesitaría “más que nunca”.
Consultada por la diaria acerca de la decisión, Graciela Carreño, directora del Cenur Litoral Norte, dijo que no está “para nada interesada, ni personalmente ni por parte del Cenur”, en entrar “en un ida y vuelta con este tema”. Según Carreño, la resolución del Consejo se tomó de forma “totalmente normal”, con la aprobación de los 12 participantes. Los motivos, dijo, están relacionados “con varias cosas que no vienen al caso”, pero “fueron los considerados por el Consejo en ese régimen de sesión general”, en el que “lo vertido en sala no se publicita”. Ante la insistencia de la diaria en conocer los motivos, Carreño respondió: “El programa terminó. Punto”.
Marcelo Aguilar









La buena voluntad del Papa




Vázquez con Francisco: En enero comienza trabajo en archivos de la dictadura

En rueda de prensa tras ser recibido el viernes 2 por el papa Francisco, el Presidente Tabaré Vázquez informó que la Embajada de Uruguay comenzará a preparar el análisis de los archivos del Vaticano que puedan tener información de los crímenes contra la humanidad perpetrados por la dictadura uruguaya (1973-1985) y sobre el destino de los detenidos desaparecidos.

“La idea mía es que lo más rápidamente posible se empiece a trabajar con esos archivos, a más tardar a mediados de enero”, añadió Vázquez, quien compareció en compañía del embajador Francisco José Ottonelli.



>>> La Iglesia pone a disposición sus archivos sobre la dictadura 
Conferencia Episcopal Argentina - Oficina de Prensa

COMUNICADO DE PRENSA CONJUNTO DE LA
CONFERENCIA EPISCOPAL ARGENTINA Y DE LA SANTA SEDE
(25.10.16, A LAS 13:00 HORAS DE ROMA, 08:00 DE BUENOS AIRES)
El sábado 15 de octubre de 2016, en el Vaticano, la Comisión Ejecutiva de la Conferencia Episcopal Argentina, compuesta por el Presidente, S.E. Mons. Jose María Arancedo, Arzobispo de Santa Fe de la Vera Cruz; el Vicepresidente Primero, S.Em.R el Card. Mario Aurelio Poli, Arzobispo de Buenos Aires y Primado de Argentina; el Vicepresidente Segundo, S.E. Mons. Mario Antonio Cargnello, Arzobispo de Salta; y el Secretario General, S.E. Mons. Carlos Humberto Malfa, Obispo de Chascomus, se ha reunido con S.Em.R. el Cardenal Pietro Parolin, Secretario de Estado de Su Santidad; S.E.R. Mons. Richard Paul Gallagher, Secretario para las Relaciones con los Estados, y algunos Oficiales de la Secretaría de Estado, para una valoración de los trabajos de catalogación y digitalización del material de archivo del periodo de la Dictadura Militar (1976-1983), conservado en los Archivos de la Conferencia Episcopal Argentina, de la Secretaría de Estado y de la Nunciatura Apostólica en Buenos Aires.
Se ha constatado que este proceso de organización y digitalización, llevado a cabo en conformidad con las decisiones e indicaciones del Santo Padre y que supone la continuación de un trabajo ya iniciado años atrás por la Conferencia Episcopal Argentina, ha terminado.
De acuerdo a un protocolo que se establecerá próximamente, podrán acceder a la consulta de los documentos referidos las víctimas y familiares directos de los desaparecidos y detenidos y, en el caso de religiosos o eclesiásticos, también sus Superiores mayores.
Se desea subrayar que este trabajo se ha desarrollado teniendo como premisa el servicio a la verdad, a la justicia y a la paz, continuando con el diálogo abierto a la cultura del encuentro en el pueblo argentino.
El Santo Padre y el Episcopado argentino encomiendan la Patria a la protección misericordiosa de Nuestra Señora de Luján, confiados en la intercesión del querido San José Gabriel del Rosario Brochero.
Buenos Aires Vaticano
25 de octubre de 2016 25 de octubre de 2016