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Recolección de firmas.
( de La República)
Julio Vera, integrante de la Comisión de Organización de la Coordinadora explicó a LA REPÚBLICA que luego del reparto de papeletas en todo el país, en Montevideo a partir del fin de semana las diversas cooperativas de vivienda y los sindicatos "harán jornadas de recolección de firmas en sus respectivos locales".
Posteriormente en unos 15 o 20 días se comenzarán a visitar las ferias de los diferentes barrios y también se trabajará en el "puerta a puerta", afirmó Vera.
En lo que tiene que ver con la recolección de firmas en el interior del país, empezará el próximo 12 de setiembre en el local de la Cooperativa Ucovita en San José, en donde se congregarán a partir de las 19.00 horas representantes sindicales, cooperativas de vivienda y organizaciones sociales maragatas.
En tanto el 15 y 16 de este mes Fucvam efectuará una asamblea general en Bella Unión, realizando un acto el primer día, mientras que en la jornada siguiente se recolectará firmas en dicha localidad.
Finalmente también está previsto visitar el departamento de Salto el próximo 29 de setiembre, en donde se llevará a cabo un acto en la plaza principal a las 18.00 horas.
La Coordinadora Nacional por la Nulidad de la Ley de Caducidad debe recolectar las voluntades de más del 10% de la totalidad del padrón electoral, lo que significan unas 250 mil firmas aproximadamente, para poder hacer una consulta popular el día que se realicen las elecciones nacionales de 2009.
El colectivo que promueve la iniciativa de anular la ley de impunidad está integrado por diversos colectivos políticos y sociales entre quienes se destacan Fucvam, Crysol, FEUU, Amnistía Internacional, Serpaj, PIT-CNT y Familiares de Detenidos Desaparecidos, entre otros y sectores políticos izquierdistas como el Nuevo Espacio, el Partido Comunista, el PVP, el Fidel, los Claveles Rojos y el Partido por la Seguridad Social.
Además varias personalidades de diferentes ámbitos adhieren a la anulación de la normativa en cuestión, independientemente de sus organizaciones políticas, como es el caso del intendente de Maldonado Oscar de los Santos, de la senadora de la Vertiente Artiguista Margarita Percovich y de la diputada nacionalista Beatriz Argimón.
BÚSQUEDA PAG. 10
Impulsores de anulación de caducidad apuntan al Parlamento y desafían al gobierno, que se opone frontalmente a esa medida.
Algunas frases contenidas en los discursos y hasta un sol similar al que utiliza en su logo la Presidencia proyectado sobre el estrado que el martes 4 presidió el acto de lanzamiento de la recolección de firmas para derogar cuatro artículos de la "ley de caducidad", constituyeron un desafío a la posición contraria a esa medida que tiene el gobierno del presidente Tabaré Vázquez.
De acuerdo con varias fuentes oficiales consultadas por Búsqueda, el Poder Ejecutivo está "claramente en contra" de la recolección de firmas para anular lo que la
izquierda ha llamado desde su aprobación, el 22 de diciembre de 1986, la "ley de impunidad".
Además de manifestar su posición en contra de la campaña, algunas autoridades del gobierno han dado órdenes expresas destinadas a impedir que miembros de la administración participen en actos o movilizaciones en favor del plebiscito.
El desafío a Vázquez utilizará como motor a las bases frenteamplistas, especialmente a los jóvenes, tanto en el Congreso de mediados de diciembre próximo como en la recolección de firmas que habilite el plebiscito, y tiene como blanco a los parlamentarios oficialistas, que a juicio de los impulsores, votarían la derogación
de la ley en las cámaras si hay apoyo popular.
Esa estrategia política se desprende de los discursos de integrantes de la Coordinadora por la Nulidad de la Ley de Caducidad, especialmente del sindicalista Luis Puig, y de una columna escrita por el conductor del Nuevo Espacio y senador oficialista, Rafael Michelini, publicada el mismo martes 4 por el diario oficialista "La República".
Los mecanismos que tiene previstos la comisión para anular la "ley de caducidad" son sugerir que esa medida sea adoptada por el Parlamento y, si eso no tiene resultado, juntar 250.000 firmas (10%) para promover una reforma constitucional que incluya la anulación, a ser sometida a consideración de la ciudadanía el día de las elecciones nacionales de 2009.
o "Reconciliar lo irreconciliable". Quien dio la primera señal desafiante hacia Vázquez ante las 640 personas sentadas, más de doscientas paradas y cerca de un centenar que quedaron afuera del teatro El Galpón, fue la integrante de la coordinadora por la Federación de Estudiantes Universitarios del Uruguay (FEUU), Mariana Licandro.
La joven sostuvo que "en estos tiempos en donde hay intentos de sellar el tema, de intentar poner un punto final, de decir que el tema de los desaparecidos es algo del pasado, de intentar reconciliar lo irreconciliable, hay que reafirmar la actualidad del tema".
El sindicalista Puig, dirigente del Partido por la Victoria del Pueblo (PVP) y secretario de Derechos Humanos del PIT-CNT, habló en nombre de la coordinadora y aludió a la presencia de la joven representante de la FEUU, que "está marcando el objetivo fundamental de esta campaña, (que) tiene mucho más que ver con el futuro que con el pasado".
"Se van a romper los dientes - agregó - aquellos obreros permanentes de la impunidad, de la mentira, que dicen que tenemos los ojos en la nuca, que vivimos del pasado",
porque la recolección de firmas asegurará "a las nuevas generaciones (...) un fundamento esencial desde el punto de vista democrático" para que no sufran las consecuencias de "un Estado criminal".
Ajuicio de Puig, la norma "fue aprobada por el Parlamento bajo amenaza militar y el Estado uruguayo violó los derechos humanos con la aprobación de esta ley y el Estado uruguayo sigue violando hoy los derechos humanos, manteniendo la vigencia de esta ley".
El sindicalista sostuvo que se logrará "duplicar" las 251.800 firmas necesarias para plebiscitar la reforma, y juzgó que el éxito de la campaña otorgará "la posibilidad de reconstruir una historia que es imprescindible como herramienta cargada de verdad hacia el futuro".
Además, el dirigente opinó que esa "práctica de democracia directa", logrará plasmar los reclamos de que "el Parlamento cumpla con el deber ético, jurídico y político de anular esa ley".
"Pero si el Parlamento no lo hace, el pueblo uruguayo, no tengan dudas, va a estar anulando esta ley y no va a dejar lugar a dobles interpretaciones", agregó.
El sindicalista Puig, por otra parte, reclamó además, del gobierno, que atienda los reclamos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que derogue la "ley de caducidad". No obstante reconocer que ha habido "avances en esta materia en el último período", los calificó de "absolutamente insuficientes".
Mientras, el senador Michelini estimó en su columna que "seguramente" el próximo Congreso frenteamplista habrá de expedirse sobre la iniciativa de anulación, porque "una mayoría ostensible" está de acuerdo con hacerlo, aunque la "discusión se acota a un tema de oportunidad".
"¿Qué estamos esperando?', escribió Michelini, e informó a renglón seguido que "hay compañeros legisladores que afirman que si el Congreso del Frente Amplio adoptara una resolución" en el sentido de derogar la ley "les desataría las manos (y) estarían en condiciones de votar con orgullo" la anulación parlamentaria de la norma.
o Adhesiones. Luego de la alocución de Puig, los conductores del acto leyeron un "fraterno saludo" de apoyo de la Comisión Nacional de Jóvenes del Frente Amplio, que aglutina a los representantes de todos los sectores y partidos de la fuerza política oficialista.
De acuerdo con el texto de la adhesión, los jóvenes dirigentes frenteamplistas opinan que la campaña es una "instancia fundamental" que va "camino a consolidar la conciencia soberana del pueblo uruguayo".
Además de los jóvenes frenteamplistas, hicieron llegar su adhesión a la recolección de firmas el comité de base "Salvador Allende", de Montevideo y el "Ayuí" de la ciudad de La Paz, Canelones.
También se recibió -entre otros- el apoyo del intendente municipal de Maldonado, Oscar de los Santos, de la senadora Margarita Percovich (Vertiente Artiguista), del ex dirigente tupamaro Jorge Zabalza y de la diputada blanca Beatriz Argimón. La adhesión más aplaudida fue la del ex diputado socialista Guillermo Chifflet, quien
renunció a su banca a comienzos de diciembre del 2005, por oponerse al envío de tropas uruguayas a Haití.
También, el auditorio - integrado por varios legisladores y funcionarios de los partidos de izquierda convocantes-aplaudió con calor y se vieron caras emocionadas cuando los conductores del acto leyeron la adhesión de Macarena Gelman, hija de una desaparecida argentina en Uruguayy nieta del poeta de esa nacionalidad, Juan Gelman.
La reforma constitucional para derogar la Ley de Caducidad es apoyada además por los oficialistas Frente Izquierda de Liberación, Partido Comunista, Movimiento Claveles Rojos y Partido de la Seguridad Social.
También adhirió a la campaña el grupo radical de izquierda Plenaria Memoria y Justicia, que ha tenido activa participación en episodios violentos de protesta, como el registrado en ocasión de la llegada al país del presidente norteamericano George Bush.
Además de las organizaciones sociales que impulsan el plebiscito, entre las que participan la central de trabajadores, la FEUU y los cooperativistas de vivienda, entre otras, se encuentran instituciones dedicadas a la defensa de los derechos humanos, como el capítulo uruguayo de Amnistía Internacional y el Servicio Paz y Justicia.
La organización de Madres y Familiares de Detenidos y Desaparecidos no participa en la organización ni adhirió al lanzamiento de la campaña, aunque un referente de esa organización, María Esther Gatti de Islas, se encontraba en la mesa que presidió el encuentro. Junto a ella y los voceros de la coordinadora, se encontraba también el ex diputado nacionalista Oscar López Balestra.
La parte oratoria del acto fue cerrada por el abogado Oscar López Goldaracena, quien
reiteró que la "ley de caducidad nació nula" con "vicios" e inconstitucionalidades.
Según este integrante de la coordinadora, "el Estado uruguayo renunció ilegítimamente a perseguir y juzgar" a los responsables de violaciones a los derechos humanos, lo que "vicia desde su nacimiento mismo" la norma.
Después de su discurso, y antes del cierre del acto a cargo de La Teja Pride, actuó
Daniel Viglietti. El veterano cantautor de música popular uruguaya, también llamada "de protesta", llevaba puesta su característica gorra de fieltro y empuñó su guitarra, justo debajo de una gran pantalla que proyectaba el logo de la coordinadora, un enorme sol, el mismo símbolo que incluyen en su estética los actos oficiales, desde la asunción de Vázquez al poder.
El texto de la reforma
De aprobarse el proyecto de reforma constitucional que pretende anular los primeros cuatro artículos de la "ley de caducidad", eso obligará a la Justicia a actuar de oficio en la tramitación de las causas que hayan sido cerradas en aplicación de la referida norma.
La iniciativa, cuya sanción requerirá su aprobación en un plebiscito, determina en esas causas la caída del principio jurídico de "cosa juzgada".
El proyecto establece asimismo, que no se computará el período que va del 22 de diciembre de 1986 hasta la fecha de entrada en vigencia de la reforma al efecto de la prescripción de los delitos que pudieren ser amparados por la "ley de caducidad".
El texto de la enmienda constitucional que se propone es el siguiente:
"Agrégase un literal 'Z' a las Disposiciones Transitorias y Especiales de la Constitución de la República, referido a la declaración de nulidad de las normas de impunidad contenidas en la llamada 'ley de caducidad' (Ley N° 15.848, de 22 de diciembre de 1986).
Disposiciones Transitorias y Especiales. Agrégase la siguiente:
T).
Anulanse y decláranse inexistentes los artículos 10,2°, 3oy4°de la Ley N" 15.848, de 22 de diciembre de 1986.
Se tendrán por no pronunciadas las resoluciones del Poder Ejecutivo que hayan incluido casos en la caducidad establecida por el artículo 1o de la referida Ley.
El Poder Judicial continuará de oficio la tramitación de las causas que hayan sido alcanzadas por las disposiciones anuladas como si éstas nunca hubieran existido, no pudiendo invocarse la cosa juzgada en dichas causas hasta el dictado de nueva sentencia.
Respecto de aquellos delitos que fueren prescriptibles y que hayan sido o pudieran haber sido comprendidos en la caducidad dispuesta por el artículo 1o de la Ley Nro. 15.848, de 22 de diciembre de 1986, no podrá computarse a efectos de la prescripción el período transcurrido entre el 22 de diciembre de 1986 y la fecha de entrada en vigencia de la presente reforma constitucional".
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