La salud de los trabajadores rurales es un tema todavía en discusión 
EL GREMIALISTA MARCELO AMAYA, DURANTE UNA ASAMBLEA DEL SUTAA.
.El gremialista del Sindicato Único de Trabajadores del Arroz y Afines (Sutaa) es uno de los que más ha investigado las condiciones de salubridad en el campo y los principales problemas que enfrentan las familias que trabajan con la tierra. De ese tema y de los debates que se plantean en los modelos productivos en el ámbito rural de Uruguay habla en esta charla. “Hay que construir un modelo que tenga en cuenta la soberanía alimentaria y el cuidado de los recursos”, sostiene Amaya
.
Marcelo Amaya es otro referente de los
asalariados rurales en Uruguay. Vive en el departamento de Cerro Largo,
fronterizo con Brasil, y milita en el Sindicato Único de Trabajadores
del Arroz y Afines (Sutaa). En marzo de 2010, fue despedido de una
empresa arrocera que lo responsabilizaba por supuesta “notoria mala
conducta”. Desde el sindicato replicaron que, en realidad, se trataba de
un caso de “notoria persecución sindical”, y luego la justicia terminó
fallando a favor del trabajador.
En los últimos meses, el Sutaa ha
participado activamente en recorridas por establecimientos de la zona
este del Uruguay junto a la Unidad de Extensión de la Universidad de la
República, con el propósito de diagnosticar, entre otras cosas, cómo
impacta el uso de agrotóxicos sobre la salud de las poblaciones rurales.
“Todavía no están los resultados finales
del informe, pero encontramos similitudes en diferentes lugares que
visitamos; por ejemplo, resulta llamativo cómo se repiten problemas de
aprendizaje de los niños en la escuela que podrían estar vinculados a
los agroquímicos”, explica Amaya. El sindicalista sostiene que en el
interior profundo de Uruguay el uso del glifosato está absolutamente
naturalizado, a tal punto que en algunos pueblos lo usan para “matar” el
pasto en las plazas públicas. “No se deberían usar como quien usa
combustible. Hasta se aplica para matar malezas en los frentes de las
casas”, enfatizó.
Los sindicatos visualizan cierto doble
discurso en algunos productores, que se quejan por el despoblamiento de
la campaña y reclaman escuelas rurales, pero después terminan fumigando
arriba de las escuelas. “Nos ha pasado que algunos médicos les plantean a
los trabajadores que sus problemas de salud están provocados por los
agroquímicos, pero luego no lo ponen en las fichas”, se quejó el
sindicalista. En su opinión, uno de los mayores problemas es que los
ingenieros que trabajan en las empresas del agronegocio mezclan hasta
cuatro o más productos para alcanzar los resultados esperados, pero sin
mayores controles de las autoridades sanitarias.
“Esto, en realidad, es parte de un
problema de fondo. Porque hoy el modelo del agronegocio funciona en base
a la opinión de estos profesionales; entonces, termina siendo una
producción basada en recetas de agroquímicos. El arroz funciona como un
agronegocio desde hace 20 años, y le decimos agronegocio porque no es
agricultura”, opinó.
Los trabajadores organizados quieren dar
su punto de vista en ese debate sobre los modelos productivos que están
en disputa: en ese sentido, le asignan un papel central al Estado, pero
también subrayan el papel clave de los actores sociales. “Partimos del
diagnóstico de que el modelo actual no es para el pequeño productor y la
agricultura familiar. Necesitamos construir un modelo que tenga en
cuenta la soberanía alimentaria y el cuidado de los recursos. El modelo
alternativo puede convivir con cualquier modelo. El problema es quién
convive con el otro modelo, el de la extranjerización y la
concentración”, reflexiona Amaya. Pone como ejemplo que un tambo no
puede establecerse en medio de un enclave forestal, o al lado de 10.000
hectáreas de arroz con cinco aplicaciones de glifosato por año, y
concluye que para regular esas dificultades de convivencia resulta vital
una mayor intervención estatal. “Dejar todo librado al mercado es
incentivar la concentración de la tierra, porque los pequeños
productores se ven aislados, sus campos no producen lo mismo y terminan
vendiendo porque baja la productividad”, explicó el sindicalista, quien
celebra, de todas maneras, que la polémica política por la aplicación
del impuesto a la concentración de los inmuebles rurales (ICIR) haya
colocado estos temas en la agenda.
En todo caso, parece claro que la
consolidación del modelo del agronegocio termina impactando sobre el
mundo del trabajo y las condiciones de los asalariados.
Desde el Sutaa, sostienen que muchos de
sus afiliados, debido a las condiciones laborales que plantean algunas
arroceras, prefieren viajar cientos de km, en lugar de aceptar el nuevo
sistema. “Eso lo vemos acá, pero, en materia de empleo, todo depende de
cuál sea la zona y la producción. Quizás en zonas que eran típicamente
ganaderas ese impacto en materia de fuentes de trabajo no es tan fuerte
como en la forestación”, manifestó.
Sin embargo, según Amaya, en lo
referente a los impactos sobre la agricultura familiar no hay dobles
lecturas: todas las consecuencias son negativas, entre otras cosas
porque se han instalado modelos de producción que no respetan al vecino.
“Son capitales extranjeros; defienden otros intereses, otra lógica. Se
termina la solidaridad en el campo, que era muy importante”, concluye
terminante.
Los trabajadores rurales uruguayos, entre la marginación y la injusticia
“EL PRODUCTOR CHICO ESTÁ CASI EN LA LONA. LA FAMILIA ARRAIGADA EN EL CAMPO ES UNA RAREZA”, DICE FLORES.
María Flores vive en el paraje Puntas de Maciel, en el departamento uruguayo de Florida, en el centro del país. A mediados de 2009, su esposo, Ebelio González, fue despedido del tambo en el trabajaba por intentar conformar un sindicato, y su familia fue desalojada a instancias de un decreto de 1978 que encomienda a la policía la solución de los conflictos laborales en el medio rural. María tiene 42 años, tres hijos y un nieto. Es presidenta del Sindicato Único de Trabajadores del Tambo y Afines (Sutta) –cuyos afiliados son en su mayoría varones– y referente de la Unión Nacional de Trabajadores Rurales y Afines (Unatra).
–¿En qué medida el avance del agronegocio ha impactado en la vida de los asalariados rurales uruguayos?
–El trabajador rural difícilmente se maneje con cifras o estadísticas; para eso están la Universidad de la República y los organismos estatales. Lo que sabemos es del día a día, y ahí vemos que de repente una estancia donde había un casero, una cocinera y tres o cuatro peones hoy está cerrada, y ahí se está plantando soja, que necesita gente sólo en temporada de zafra. Y estamos hablando de un tractorista que sustituye el trabajo de siete u ocho personas. La variable de la mano de obra no es tenida en cuenta, y se reduce todo a un tema costo-productividad. Hoy venía desde Paysandú, y lo único que se veía era soja. Ahí no hay trabajadores y nadie se preocupa por cómo va a quedar esa tierra. ¿Cómo se van a entregar esos campos en cinco o diez años cuando termine el arrendamiento?
–¿Cómo ven desde Unatra la realidad de la producción familiar?
–El productor chico está casi en la lona. La familia arraigada en el campo es una rareza en el Uruguay de hoy. La emigración hacia los cinturones de pobreza de las grandes ciudades es permanente. Porque con la plata que te pagan por el campo que vendés, no tenés chances de comprarte una casa en otro lugar.
–¿Es más común la emigración que el ingreso a empresas del sector?
–Las empresas que se están instalando traen la mano de obra del país de origen; en el caso de las que vienen de la Argentina, es claro eso. En todo caso, tenemos que preparar a nuestra gente para tareas para las que no está preparada. No es lo mismo un tractor como los que aprendimos a manejar hace años que la maquinaria que utilizan estas empresas. Falta mucha preparación. Estamos hablando de trabajadores que estaban acostumbrados a lidiar con sus vacas y sus caballos, y no a otra cosa.
–¿Cuál es la situación de los asalariados en materia de salud laboral?
–Hace poco tuvimos una denuncia puntual en Lascano (en el departamento de Rocha), con tres trabajadores intoxicados que terminaron en un sanatorio, afectados por la fumigación por soja. Estuvimos en la primera parte del proceso; después siguió el curso un abogado, pero nos enteramos de que el juicio se ganó. De todas maneras, la impresión que tenemos es de que se terminan haciendo arreglos por 60 o 70.000 pesos cuando al trabajador le corresponderían 300.000 [en Uruguay un dólar equivale aproximadamente a 20 pesos]. Ahí también planteamos públicamente que el Ministerio de Salud Pública (MSP) se contacte con nosotros, pero no hemos tenido novedades.
–La aprobación de ley de ocho horas para los rurales se utilizó en la campaña electoral como una bandera en materia de logros del primer gobierno del Frente Amplio. ¿Ustedes lo viven así?
–Si fue una bandera, entonces se le quebró el palo. Porque seguimos denunciando que hay muchos aspectos de la ley que no se están aplicando. Por ejemplo, la comisión de contralor y seguimiento de la ley, que nunca fue creada. Está en un papel, pero fuera del mundo de los papeles la realidad es muy diferente. La brecha histórica entre los derechos de los trabajadores urbanos y los rurales sigue estando, y un ejemplo claro es la falta de inspecciones en los lugares de trabajo, que generalmente se dan a partir de denuncias nuestras. Entiendo que para el Ministerio de Trabajo sea difícil llegar a muchas zonas rurales, pero quizá se pueda pensar que los propios trabajadores nos capacitemos y hagamos esas inspecciones. Al menos tenemos claro qué cosas están bien y cuáles no.
MARÍA FLORES, DURANTE UNA MOVILIZACIÓN EN EL TAMBO DEL QUE FUE DESPEDIDO SU ESPOSO POR RECLAMOS SINDICALES.
–¿Los trabajadores son tenidos en cuenta en el momento de elaborar políticas públicas?
–A decir verdad, las políticas se siguen delineando a puertas cerradas, normalmente por gente que no sabe nada de lo que vivimos en el campo. Un senador me dijo textualmente: “Yo soy del asfalto; no sé nada del campo”. Fue brutalmente sincero, pero tampoco vemos que nos convoquen o nos consulten a los que sí conocemos un poco más. Tal vez, el problema es que nuestro aporte no va a tener color de rosa. En realidad, contamos lo que vivimos, y el que no nos crea puede ir a verlo.
–¿Pensaron que con José Mujica, por su perfil, la situación podía cambiar?
–¿Cuándo viste a Mujica reunido con la Unatra? Sí se ha reunido con la Federación Rural y con la Asociación Rural (tradicionales entidades de los productores), pero con nosotros no. Ni ha participado en nuestros congresos ni se ha interesado por saber qué opina la directiva de nuestro sindicato. El presidente debería tener claro que no somos los malos de la película; que no mordemos. No andamos en camionetas 4 por 4; somos los de bota de goma. La pregunta que él tiene que hacerse es cuáles son sus verdaderos paisanos.
–¿Sienten esa distancia también en relación con los organismos del Estado?
–Además de lo que decía del MSP, nos pasa algo parecido con el Ministerio de Desarrollo Social, porque queremos discutir con ellos qué pasa con las canastas alimenticias para los rurales. ¿O qué pasó con la asignación doble para los hijos de los trabajadores rurales? Ese fue un anuncio de campaña, pero quedó en la nada. Cobramos salarios de 10.000 pesos. Parece lógico que nuestros hijos tengan una consideración especial. Por las distancias, terminamos gastando más en traslado para que nuestros gurises vayan a la escuela que la gente de la ciudad.
–Y en materia de seguridad social, ¿cuál es el diagnóstico?
–No hay registros de cuánta gente trabaja en negro, pero la percepción es que estamos en niveles muy altos. Hace algunos días, fui a Paso de los Toros (en el departamento de Tacuarembó) y nos reunimos con once trabajadores forestales, con salarios de 350 pesos por día, que a su vez plantaban eucaliptos en los campos, pero eso lo cobraban en negro. Por día, cobraban más, pero para negociar el despido figuraban por 350 pesos. Ese trabajo en negro después no lo podés negociar.
–El gobierno quiere derogar el decreto de 1978, que encomendaba a la policía el desalojo de los trabajadores rurales despedidos. ¿Cómo lo tomaron?
–Esto lo vivimos en carne propia [su familia fue desalojada al amparo de este decreto, tras el despido de Ebelio], y agradecemos la voluntad del gobierno, sobre todo al Ministerio de Trabajo, que ha reconocido que el puntapié inicial fue la denuncia que hicimos. Algunos jerarcas del gobierno no sabían que estaba esa norma vigente. Así como estas cosas, hay muchas más para hacer. En los consejos de salarios, también nos hemos sentido respaldados por negociadores del Ministerio de Trabajo. Nadie niega que la situación ha cambiado y, cuando las cosas se hacen bien, sabemos reconocerlo. Tal vez, algunas veces, los trabajadores nos pasamos de mambo. Ahora, en este conflicto en Paysandú por las citrícolas, alguno planteó en una asamblea que había que quemar las quintas. ¿Y después dónde vamos a trabajar? No es así; hay que aprender a negociar, y tenemos que aprender que al gringo lo que verdaderamente le duele es cuando le tocás el bolsillo. Pero para eso hay que saber negociar también; aprovechar lo que puede ser el apoyo del Instituto Cuesta Duarte [organismo de la central obrera PIT-CNT, que brinda asesoramiento técnico] para formación sindical.
–¿A la Unatra le tocó una de las patronales más complicadas del país?
–A los rurales nos tocó gente que amenaza, que te llama al celular y te dice: “Sé dónde está tu hija; sabemos a qué escuela va”. Nos tocó gente muy difícil; gente que no está acostumbrada y, menos, a tener que negociar con una mujer, como en mi caso, que no tiene miedo a discutirles de igual a igual. A mí, lamentablemente, me ha cambiado hasta el carácter desde que empecé con esto, pero, en realidad, no te queda otra.
–En el caso de la lechería y para tener una referencia, ¿cómo ha sido la relación con los empresarios de Nueva Zelanda?
–Con ellos dialogamos bien. A diferencia de las patronales uruguayas, citaron al sindicato para conocer nuestra opinión, para buscar salidas comunes en la mesa de negociación. Eso te da la pauta de que ellos son mucho más inteligentes. Los problemas mayores los tenemos con los empresarios uruguayos y los argentinos.
–¿Qué ha sido lo más grave que ha escuchado de un empresario en una negociación?
–[Piensa] Lo más doloroso lo viví en un consejo de salario. “Les doy todo lo que me sobra. ¿Qué más quieren?”, nos dijo uno. Y después explicó que hablaba de las zapatillas y las túnicas escolares que ya no usaban sus nenes. Él estaba convencido de que esas “sobras” significaba darles todo a los hijos de los peones. Otra vez escuché a un productor lechero, un sector que en los últimos años ha hecho fortunas, que en plena negociación por el tema de las canastas de útiles escolares le decía a otro: “No te preocupes: les compramos tres o cuatro porquerías en el Barrio de los Judíos [una zona de baratillos en Montevideo], y eso ya es la canasta”. La mentalidad de ellos es insistir en que somos una especie de gran familia. Pero si eso fuera así, la verdad que nuestros familiares dejan mucho que desear.
Los asalariados agropecuarios del Uruguay
Los derechos están, pero la precariedad laboral continúa
En este artículo académico, investigadores de la Universidad de la República señalan una contradicción central en la realidad de los trabajadores del campo: se amplían formalmente sus derechos, pero la precariedad laboral se mantiene. La caracterización social de los asalariados, el trabajo estacional, el “contratismo” y los obstáculos para la organización y eficaz defensa de sus intereses son algunas de las cuestiones planteadas.
Los hallazgos relativos a la segmentación y a la precariedad en el trabajo rural han dado cuenta, aunque de modo parcial, de cómo la exclusión de derechos impacta en la vida de las clases subalternas rurales. Investigaciones recientes plantean que la precariedad en las condiciones de trabajo y de vida de los trabajadores se mantiene, aun cuando el país atraviese una etapa de ampliación en la consagración de derechos.
En este sentido, la hipótesis que guía nuestro trabajo es que la ampliación de derechos en el plano formal no va acompañada de una mayor efectivización y apropiación de esos derechos por parte de la población rural. Por tanto, entendemos que es necesario ampliar el campo de investigación, incorporando el estudio de las representaciones que moldean estas relaciones sociales y que producen una subjetividad determinada sobre la ciudadanía. Así, pues, este artículo introduce una mirada diferente y complementaria a la de estudios anteriores hechos por varios investigadores de nuestro país.
Los asalariados, en números
Avanzar en la caracterización cuantitativa de los asalariados agropecuarios tiene ciertas limitaciones, por la disparidad de cifras y por su antigüedad. El último Censo de Población y Vivienda con el que cuenta nuestro país data del año 1996, y el último Censo General Agropecuario es del 2000. Los censos de población y vivienda contaron 84.000 trabajadores rurales en 1975, 95.000 en 1985 y 74.000 en 1996. La proporción de trabajadores asalariados hacia fines del siglo XX llegó al 56% del total de la fuerza de trabajo, con lo cual superó la cantidad de trabajadores familiares. Pero, además, las tendencias han sido opuestas: una disminución gradual de los trabajadores familiares y un crecimiento gradual (salvo por el último registro de 1996) de los trabajadores asalariados, lo cual habla de una extensión y profundización de las relaciones capitalistas en el campo, posiblemente como consecuencia de los grandes cambios tecnológicos que están ocurriendo en el campo uruguayo. (Piñeiro y Moraes, 2008).
LA CARACTERIZACIÓN CUANTITATIVA DE LOS ASALARIADOS RURALES ES DIFÍCIL POR LA DISPARIDAD DE CIFRAS Y POR SU ANTIGÜEDAD.
Recientemente, el Banco de Previsión Social comienza a mostrar avances en el registro de los asalariados agrícolas. No obstante, el subregistro es considerable, y esto puede presentar diferencias de acuerdo con las ramas de producción. Así, el aumento de registro es más pronunciado en ramas donde hay una fuerte presencia del capital extranjero, y orientadas al comercio externo, seguramente debido a requerimientos de certificaciones de calidad (que abarcan un amplio espectro, desde procesos productivos hasta condiciones de trabajo). Con esto no queremos señalar que el proceso de regularización de la mano de obra rural haya sido impulsada por la presencia, en el agro, de empresas multinacionales, sino más bien dar cuenta de la confluencia de condiciones de tipo político y económico, que sostuvieron una plataforma que dio mayor centralidad a este tipo de procesos.
El aumento en la formalidad del empleo en la agropecuaria puede ser entendido como un paso hacia el reconocimiento de estos trabajadores, que históricamente han sufrido condiciones de trabajo y de vida penosas. Algunas de estas condiciones están vinculadas al trabajo rural, mientras que otras atraviesan a otras fracciones sociales del medio rural, así como a los trabajadores urbanos.
La dependencia de los tiempos biológicos de la producción moldea, hasta un punto, la organización social de trabajo; hay tiempos puntuales en los que se requiere mayor fuerza de trabajo y otro en los que se requiere menores.
En la agricultura podemos visualizar dos tendencias del capitalismo orientadas a suavizar esa distancia entre los tiempos de producción y los tiempos de trabajo. Una tendencia es la constante introducción de tecnología para disminuir el exceso de tiempo de producción en relación con el de trabajo, y, por otro lado, se suele recurrir al trabajo estacional de forma que este costo sólo sea asumido en los períodos de mayor actividad (Piñeiro, 2011). Sobre la base de la Encuesta Nacional de Hogares del año 2000, en las localidades de menos de 5000 habitantes y precisándolo por rubros, en la ganadería el 40% del trabajo es de carácter estacional, mientras que en la horticultura, los cereales y la forestación la proporción se ubica entre un 20% y un 25% (Piñeiro, 2011). Estos datos permiten constatar una tendencia a la zafralización del trabajo agropecuario, asociada también a formas particulares de organización del trabajo de los asalariados.
ÍCONO URUGUAYO DE LOS TRABAJADORES RURALES, UNA XILOGRAFÍA SOBRE EL MATE (PETE GONCALVES).
En este escenario, el contratista de mano de obra y de servicios de maquinaria se ha convertido en un actor sustantivo, en tanto reclutador de fuerza de trabajo que las explotaciones agropecuarias utilizarán en momentos específicos del ciclo agrícola, lo que explica su expansión en las últimas décadas y su centralidad en la organización social del trabajo. Según Piñeiro (2011), la expansión del contratismo en el campo uruguayo es un indicador de la creciente tendencia al predominio del empleo temporal sobre el permanente, lo cual suele estar asociado, como lo demuestran investigaciones recientes (Carámbula, 2009; Piñeiro, 2008; Riella y Mascheroni, 2011), a la precariedad laboral y a la vulnerabilidad social de los trabajadores rurales uruguayos. Las especificidades del trabajo agrícola antes descriptas también suelen implicar modalidades de remuneración del trabajo que imponen formas particulares de explotación de la fuerza de trabajo. Las distintas formas de pago a destajo, históricamente manifiestas en el campo uruguayo, han tendido de modo general a abaratar la fuerza de trabajo. Dicha forma de pago, en tanto está vinculada a la productividad del trabajo, se ha expandido en el contratismo, ya que es beneficiosa para el contratista, por lo menos en dos sentidos. Primero, porque externaliza la vigilancia de la fuerza de trabajo, ya que la obtención de una mejor remuneración dependerá de que la dedicación del trabajador aumente y el destajismo oficiará de mecanismo de disciplinamiento. Segundo, porque son los trabajadores quienes incrementan la autoexplotación de la fuerza de trabajo, porque de su mayor rendimiento y de su uso más eficiente del tiempo de trabajo dependerá su remuneración diaria.
Las dimensiones referidas, así como el relativo aislamiento de los asalariados agropecuarios entre sí; el predominio de relaciones de tipo paternalista con sus empleadores; la identificación con las pautas de producción impuestas por los patrones a través de mecanismos diversos, y la residencia rural de los trabajadores han sido visualizados como algunos de los obstáculos para su organización y para una eficaz defensa de sus intereses. A pesar de algunas experiencias de acción colectiva, este sujeto social ha tenido escasas posibilidades de desarrollar formas organizadas, planificadas y públicas de lucha social. Esta característica que ha marcado la historia de los asalariados del campo uruguayo es una línea sugerente para preguntarnos acerca de sus posibilidades para apropiarse de una noción de ciudadanía que visibilice sus derechos sociales.
Límites al ejercicio de ciudadanía de los asalariados
Los antecedentes relevados por el grupo de investigación han mostrado la existencia de límites en la consagración formal de derechos para los trabajadores. Ellos se explican por dos razones.
La primera se vincula con un ordenamiento jurídico separado, magro y tardío. La segunda se refiere a la dificultad para la efectivización y el goce de los derechos consagrados. (Cardeillac, 2011; Buxedas, Perera y Barrios 2011; Mascheroni, 2011; Piñeiro, 2008; Moreira, 2009; Riella y Ramírez, 2008; entre otros).
Entre el conjunto de posibles explicaciones que permiten comprender estas limitantes a la ciudadanía se revela como determinante la prevalencia de modalidades concretas con rasgos premodernos que inhiben la apropiación de los derechos y que se representan en la aceptación del modo de vida rural como único, atemporal y neutro. En este sentido, se comparte y se retoma lo que plantea Moreira (2009), en referencia a la atmósfera cultural rural. Esta estructura al ser rural y lo sujeta a los valores sociales y culturales presentes y deseables en el espacio social/geográfico de referencia, que opera como un punto de encuentro y reproducción de las prácticas de las diferentes generaciones y clases sociales. Además, evidencia la lógica posicional, relacional y asimétrica respecto a los valores económicos y culturales propios de este medio.
En la construcción de la situación antedicha, tiene un papel central la forma en que se articulan las relaciones de poder en la estructura social agraria, marcada por la asimetría de poder entre sus grupos en lo que se refiere a la consagración y el ejercicio de derechos civiles, políticos y sociales (González Sierra, 1994; Piñeiro, 1991; Riella, 2006). Tanto es así, que es dable afirmar que la construcción de la ciudadanía de los asalariados rurales (en materia de derechos) está fuertemente atravesada por el campo de poder agrario.
Los límites que encuentra parecen estar estrechamente vinculados a la debilidad que tienen los trabajadores frente a las gremiales tradicionales. Así, en nuestro medio rural, parece darse una mímesis entre la estructura productiva y social, sus intereses hegemónicos y la regulación del medio por parte del Estado en el marco de una cultura hegemónica, que se reproduce y se hace homogénea.
En términos de detección de la demanda, se identifican tres factores de vulnerabilidad: 1) cada rubro de producción da lugar a configuraciones laborales específicas, uno de cuyos extremos se expresa en la ganadería con la residencia en el predio (su respectivo aislamiento y dependencia) y, en otro extremo, los rubros agroindustriales, caracterizados por el trabajo zafral y el reclutamiento en los cinturones de las ciudades; 2) ausencia de institucionalidad pública que se responsabilice del desarrollo integral del trabajador asalariado rural; 3) debilidad de la sociedad civil, en particular de las organizaciones sindicales rurales.
También se visualizan necesidades relativas al cumplimiento y ampliación de derechos. De esa forma, es posible identificar carencias o ausencias de derechos en términos laborales, sociales, culturales, económicos y los que permiten la generación de mecanismos que fomenten la acción colectiva en el medio rural. Específicamente, las prioridades en términos de derechos son estas:
1) acceso efectivo al sistema de protección social (seguro de paro, jubilación, jornales caídos); 2) acceso a la vivienda, en particular para la población que reside en núcleos urbanos de más de 5000 habitantes; 3) generación de una institucionalidad pública de referencia que vele por el ejercicio pleno de los derechos normativamente consagrados por parte de los asalariados.
Una contradicción no resuelta
En primer lugar, es necesario señalar que, efectivamente, en nuestro país coexisten dos procesos. Uno está centrado en la ampliación de derechos. El otro, de larga duración, tiene que ver con la estructuración del territorio y del mundo social rural a partir de las principales características del mundo productivo, donde el Estado ha brillado por su ausencia y, por ende, ha legitimado la no efectivización de derechos. Así, el trabajo agropecuario está ubicado en esta tensión que implica un conjunto de derechos consagrados por la estructura jurídico/política al tiempo que la estructura social y productiva vigente los cuestiona y limita.
La tensión entre la estructura jurídico/política y la social se expresa en un marco legal que, más allá de ser discriminatorio, estimula la cultura tradicional y refuerza la lógica de lo rural como excepcional. Los programas que se inscriben en la lógica de la protección social no han incorporado la nueva configuración de los riesgos sociales y vulnerabilidades que afectan a los trabajadores asalariados agropecuarios.
En este sentido, la experiencia histórica indica que las medidas de discriminación positiva deben ser articuladas por alguna institución del Estado que se especialice y responsabilice en los temas propios de los grupos específicos, como los asalariados agrícolas, a los efectos de lograr que aquel se haga cargo de la integralidad de los problemas y que incentive la asunción de responsabilidades por el resto de la estructura estatal.
En suma, podemos decir que la invisibilidad de la situación de los trabajadores del agro sigue siendo una constante, lo que evidencia la necesidad de generar conocimiento de las estructuras y dinámicas institucionales. También debería profundizarse el estudio de las representaciones que modelan estas relaciones sociales y los mecanismos concretos que las explican, al tiempo que se especifican en el territorio, en función de la realidad de cada rubro de producción.
Autores:
Investigacón del NESA (1), perteneciente a la Universidad de la República de Uruguay. Este informe fue redactado por: MATÍAS CARÁMBULA, Ingeniero Agrónomo; JOAQUÍN CARDEILLAC, Magíster en Sociología; ALEJANDRA GALLO, Licenciada en Sociología; AGUSTÍN JUNCAL, Técnico en Relaciones Laborales; VICTORIA MENÉNDEZ, Socióloga; BOLÍVAR MOREIRA, Magíster en Sociología; DIEGO PIÑEIRO,Ingeniero Agrónomo.
Referencias
1 El Núcleo de Estudios Sociales
Agrarios (NESA) está integrado, entre otros investigadores, por Matías
Carámbula, Joaquín Cardeillac, Alejandra Gallo, Agustín Juncal, Victoria
Menéndez, Bolívar Moreira y Diego Piñeiro. El NESA tiene sede en la
Universidad de la República de Uruguay. Contacto: nesa.uruguay@gmail.com.
2 Proyecto “Los límites de la
ciudadanía: el caso de los trabajadores asalariados rurales”. Programa
de Inclusión Social Modalidad II. CSIC. Universidad de la República,
2011-2012.
3 Rasgos que pueden ser resumidos en la
siguiente caracterización: bajo nivel educativo de la población; acceso
temprano al mundo del trabajo; situación de residencia en el predio y
zafralidad del empleo; delimitaciones normativas que responden a ciclos
biológicos. Donde los círculos sociales son restringidos, el mercado de
trabajo está segmentado y territorializado; donde los criterios de
acceso al trabajo tienen más que ver con atributos morales.
4 En este trabajo, se entiende por
cultura “las prácticas, los ritos, las formas simbólicas, la transmisión
intergeneracional de la costumbre y la evolución de la costumbre,
dentro de formas históricamente específicas de relaciones sociales y de
trabajo”. Para profundizar en esta discusión, ver el ensayo Costumbres en común, de E. P. Thompson (1995).
5 Plan Ceibal, Centros MEC, Plan de sa-
lud rural; flexibilidad y adaptación de las prestaciones del BPS;
consagración de la ley de 8 horas laborales; regulación de las
tercerizaciones laborales; ley de fueros sindicales; instalación de los
consejos de salarios; algunas experiencias en el marco del Programa
Uruguay Rural del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca.
6 Los informantes calificados señalan
que tanto el uso de la categoría de productor rural como la formación
académica que imparte la Udelar en las carreras vinculadas al agro
visibilizan la hegemonía de la representación de lo rural como funcional
a los intereses de las clases propietarias. Por ello, también resulta
necesario profundizar en la comprensión de la “excepcionalidad” del
mundo rural y en cómo opera delimitando la ciudadanía de los asalariados
rurales.
Bibliografía
- Buxedas, M.; Barrios, M.; Perera, M. Uruguay: políticas de mercado de trabajo y pobreza rural, OIT, Santiago, 2011.
- Bruno, Y. Ocupación y empleo en el sector agropecuario. En Anuario de OPYPA 2006. MGAP- OPYPA, 2006.
- Carámbula, M. Tiempos de ausencia.
Movilidad espacial y precariedad laboral en los trabajadores rurales
temporales: el caso de los esquiladores de Villa Sara. Departamento de Ciencias Sociales, Facultad de Agronomía, CSIC Letraeñe Ediciones, Montevideo, 2009.
- Cardeillac, J. Evolución de la
pobreza en hogares rurales y agrodependientes, en un contexto de
crecimiento económico de base agropecuaria. Tendencias de los últimos
diez años: el caso de Uruguay. Tesis de maestría, Facultad de Ciencias Sociales, Udelar, 2011.
- González Sierra, Y. Los olvidados de la tierra. Vida, organización y lucha de los sindicatos rurales del Uruguay. Editorial Nordan-Comunidad, 1994.
- Mascheroni, P. Democracia y ciudadanía en el campo. Los primeros consejos de salarios rurales en el Uruguay, UR, FCS, DS, Montevideo, 2011.
- Moreira, B. El juego de la mirada. Tesis Maestría, Facultad de Ciencias Sociales, Udelar.
- OPYPA. Estudio sobre el empleo, los ingresos y las condiciones de vida de los hogares rurales, 2001.
- Piñeiro, D. El trabajo asalariado agropecuario en el Uruguay. IICA, 2011. Disponible en www.iica.org.uy
- Piñeiro, D. El trabajo precario en el campo uruguayo. Comisión Sectorial de Investigación Científica. Universidad de la República, 2008.
- Piñeiro, D. (ed.). Nuevos y no tanto: los actores sociales para la modernización del agro uruguayo. Montevideo: CIESU/EBO, 1991.
- OPYPA. Estudio sobre el empleo, los ingresos y las condiciones de vida de los hogares rurales, 2001.
- Riella, A. y Ramírez, J. Los trabajadores de la ganadería en el Uruguay. Un estudio de caso, 2008.
- Riella, A. “Los frenos a la construcción de ciudadanía en el campo: el caso de los asalariados rurales en Uruguay”,
in: Grammont, Hubert C. de (comp.) La construcción de la democracia
en el campo latinoamericano. Buenos Aires. Clacso. pp.159-185. Colección
Grupos de Trabajo, 2006.
- Thompson, E.P. Costumbres en común. Barcelona, Ed. Crítica, 1995.
Las que siguen son algunas de las principales normas incluidas en el estatuto sancionado por el congreso argentino en diciembre de 2011, que regula la tarea de los trabajadores asalariados de la actividad agraria, a la que también define. Todas ellas apuntan a equiparar derechos laborales y a eliminar viejas injusticias que se perpetuaban.
1.- Equiparación de derechos. Iguala
a los trabajadores rurales a los restantes trabajadores del sector
privado, al permitir la aplicación de la LCT (Régimen de Contrato de
Trabajo, aprobado por la Ley N° 20.744), en todo cuanto resulte
compatible con el régimen estatutario específico. Son aplicables, entre
otros, institutos tales como el preaviso, integración del mes de
despido, licencia por maternidad para trabajadoras temporarias y demás
licencias especiales.
2.- Regulación protectoria de los aspectos propios de la actividad.
Se regula con un criterio de estatuto mínimo, pues se reglamentan de
manera específica y con sentido protectorio sólo aquellas cuestiones
puntuales que en función de la particularidad del trabajo agrario así lo
requieren. Se destacan las nuevas modalidades contractuales, el aumento
de la indemnización para trabajadores temporarios, la prohibición del
período de prueba, la prohibición de las empresas de servicios
eventuales y de las cooperativas de trabajo, la determinación de
condiciones particulares referidas a seguridad, higiene y alojamiento.
3.- Actividad agraria. Conceptualización. Se define expresamente la actividad agraria facilitando la determinación del universo laboral.
4.- Contrato de trabajo agrario. Definición.
Se establece claramente el contrato de trabajo rural,
circunscribiéndolo a las tareas propias de la actividad agraria en
cualquiera de sus especializaciones y en línea con la LCT, cuyas normas
protectoras específicas le son aplicables.
5.- Protección de los trabajadores temporarios.
Se favorece la estabilidad laboral rompiendo con la dicotomía de
trabajadores permanentes y no permanentes o temporarios, brindándoles
garantías como trabajadores permanentes discontinuos.
6.- Regulación del trabajo a destajo.
El pago a destajo ha sido tradicionalmente una de las formas
preponderantes en la actividad de cosecha. Esta modalidad ha sido fuente
de numerosos abusos y fraudes en perjuicio de los trabajadores. Por
ello se regula de manera estricta el pago mediante esta modalidad, a la
que se denomina “por rendimiento de trabajo”, y se establece que ella no
podrá ser inferior a la remuneración mínima que se fije para cada
actividad por unidad de tiempo.
7.- Jornada laboral. Se
brindan garantías efectivas en materia de jornada laboral, limitando
expresamente la extensión diaria y semanal y reconociéndoseles a los
rurales los mismos derechos que a los restantes trabajadores. La
duración de la jornada, tanto para permanentes como temporarios, es de 8
horas diarias y de 44 semanales, de lunes a sábado a las 13; se regula,
asimismo, la jornada nocturna.
UNA DE LAS CLAVES DEL ESTATUTO ES QUE IGUALA A LOS TRABAJADORES RURALES CON SUS PARES DEL SECTOR PRIVADO.
8.- Vivienda, alimentación, traslados.
Respecto de estas cuestiones, se incrementan y mejoran los estándares y
requisitos mínimos ya establecidos, y se supera incluso lo previsto por
la LCT.
9.- Solidaridad. Se
amplían la protección y los supuestos de solidaridad con relación a la
contratación y subcontratación (actividad principal y accesoria). Se
considera a los subcontratistas solidariamente responsables, y se les
imponen todas las obligaciones emergentes de la relación laboral.
10.- Licencias especiales.
Se hacen extensivas las licencias previstas por la LCT por nacimiento
de hijo; matrimonio; fallecimiento de cónyuge o conviviente, hijo,
padre, hermano; exámenes; enfermedad, etcétera.
11.- Capacitación y formación profesional.
Se establece el derecho de los trabajadores agrarios a capacitarse y se
les garantiza el acceso equitativo a la formación y/o certificación de
competencias laborales.
12.- Lucha contra el trabajo esclavo, infantil y no registrado. Se
crean y recrean las instancias de control laboral, los sistemas de
contratación y los dispositivos de contención familiar para los
trabajadores, particularmente para los temporarios.
13.- Incentivo a la regularización laboral.
Se contempla un mecanismo de incentivo al empleo registrado, que
consiste en beneficiar al empleador que contrate trabajadores
temporarios y permanentes discontinuos con una reducción del 50% en las
contribuciones patronales.
14.- Servicio público de empleo para trabajadores temporarios.
Con el fin de contribuir a la generación, sostenimiento, mejora y
registración del empleo de los trabajadores temporarios y, en especial,
de los migrantes, se establece este servicio, que será de uso
obligatorio para los empleadores y funcionará en el ámbito del
Ministerio de Trabajo, y se habilita la posibilidad de articular su
funcionamiento y accionar con las autoridades locales en las distintas
jurisdicciones provinciales.
15.- Seguridad social.
Jubilación ordinaria del trabajador agrario. En función de la rudeza de
las tareas rurales y sus repercusiones en la salud de los trabajadores,
se establece el derecho a una jubilación ordinaria con 57 años de edad y
25 años de servicios.
16.- Sanciones por trabajo no registrado.
Se pone fin a una discriminación injustificable, al hacer plenamente
aplicables a los trabajadores agrarios las multas y los agravamientos
indemnizatorios establecidos por las leyes 24.013, 25.323 y 25.345 para
el resto de los trabajadores de la actividad privada.
17.- Derecho de huelga. Se eliminan las actuales restricciones impuestas por el régimen laboral de facto.
18.- Derecho a la negociación colectiva.
Se equipara a los trabajadores rurales al habilitarse para el ámbito
rural la concertación de convenciones colectivas de trabajo.
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