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La Comisión Internacional de Juristas cuestionó en
duros términos al ministro de Defensa, Eleuterio Fernández Huidobro, y
dijo que los “ataques” del jerarca al Serpaj son “reminiscentes de los
años de Dictadura y causan alarma en la comunidad internacional”.
El organismo señaló en una declaración que es “crucial”
que el próximo gobierno “haga todo lo posible para revertir la
parálisis en las investigaciones de derechos humanos y dé un impulso
renovado a la búsqueda de los desaparecidos”. Al presentar el informe 2015 sobre la situación uruguaya, el secretario general de la Comisión, Wilder Tyler, Tyler expresó su preocupación “frente a repetidos indicios del Gobierno del presidente Mujica que desalientan la continuación del trabajo por verdad y justicia”. Señala que “al mismo tiempo la Suprema Corte de Justicia de Uruguay ha emitido una serie de fallos que desconocen las obligaciones asumidas por Uruguay al ser parte de tratados internacionales de derechos humanos”.
Agrega que, de esta forma, “los procedimientos judiciales contra los violadores de los derechos humanos durante la dictadura se han ido estancando, al tiempo que el Poder Ejecutivo (y en particular el Ministerio de Defensa) omite cooperar con las investigaciones que aun están en curso”.
Tyler concluyó que “es de esperar que el próximo Gobierno muestre determinación y liderazgo para abordar el pasado reciente. La impunidad no es inevitable”.
Uruguay: La lucha por Verdad y Justicia en la Encrucijada
Es crucial que el próximo Gobierno del Dr Tabaré Vázquez en
Uruguay haga todo lo posible para revertir la parálisis en las investigaciones
de derechos humanos y dé un impulso renovado a la búsqueda de los desaparecidos,
dijo hoy la Comisión Internacional de Juristas (CIJ) en Ginebra, al anunciar la
publicación de su nuevo informe Uruguay: La lucha por Verdad y Justicia en la
Encrucijada.
La organización internacional de jueces y abogados ha
expresado su preocupación frente a repetidos indicios del Gobierno del
Presidente Mujica que desalientan la continuación del trabajo por Verdad y
Justicia.
Al mismo tiempo la Suprema Corte de Justicia de Uruguay
ha emitido una serie de fallos que desconocen las obligaciones
asumidas por Uruguay al ser parte de tratados internacionales de derechos
humanos.
De esta forma los procedimientos judiciales contra
los violadores de los derechos humanos durante la dictadura se han ido
estancando, al tiempo que el Poder Ejecutivo (y en particular el Ministerio de
Defensa) omite cooperar con las investigaciones que aun están
en curso.
"Uruguay ha hecho grandes progresos en materia de
derechos humanos y justicia social en la última década; ahora no debe aceptar un
legado de impunidad, silencio e ignorancia para las víctimas de la dictadura
militar," dijo Wilder Tayler, Secretario General de la Comisión Internacional de
Juristas.
El informe, que es resultado de dos misiones
llevadas a cabo por la CIJ en los últimos 18 meses, se publica cuando el debate
sobre derechos humanos se ha intensificado a causa de los fuertes ataques del
Ministro de Defensa Fernández Huidobro, contra Serpaj, la ONG de derechos
humanos pionera en Uruguay.
La ONG había denunciado la bien conocida
circunstancia de que el Ministerio no coopera en la investigación de las
violaciones de derechos humanos que tuvieron lugar durante la dictadura militar.
Las declaraciones del Ministro generaron inquietud a nivel
internacional donde el SERPAJ es reconocido y respetado por su
rol en defensa de los derechos humanos.
"Organismos como Serpaj
merecen reconocimiento y un debate respetuoso que permita avanzar en la búsqueda
de los desaparecidos. Los ataques del Ministro de Defensa contra las
organizaciones de derechos humanos, aludiendo a una conspiración internacional
desestabilizadora, son reminiscentes de los años de la dictadura y han
causado alarma en la comunidad internacional," indicó
Tayler.
“Es de esperar que el próximo Gobierno
muestre determinación y el liderazgo al abordar el tema del pasado reciente; la
impunidad no es inevitable," concluyó Tayler.
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